Los mandatarios se presentaron en calidad de accionistas de la empresa estatal y advirtieron sobre las consecuencias del embargo
Alfredo Cornejo, junto a sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py como querellantes en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, a YPF en 2007.
Los mandatarios buscan participar activamente en el expediente que analiza la compra de acciones que derivó en el millonario juicio internacional contra la Argentina por la expropiación de la petrolera, y adelantaron que también llevarán su reclamo al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Críticas a la gestión kirchnerista y advertencia sobre el embargo
En conferencia de prensa, Cornejo afirmó: “Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas que hoy someten a todos los argentinos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo”.
El mendocino advirtió sobre la gravedad de la situación: “Argentina atraviesa un embargo por 16.000 millones de dólares que ya está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York. Como gobernador de una provincia petrolera y socia de YPF, no puedo permanecer indiferente”.
Por su parte, Torres señaló que si fuera necesario acudirán también a la justicia estadounidense para frenar el avance del litigio. “Ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió, incluido el fallo que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses y entregar el 51% de YPF a fondos buitre”, afirmó.
Amicus curiae en Nueva York
Además de la querella en Argentina, las provincias presentaron un amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su rol como accionistas de YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Loretta Preska.
“El fallo no contempla que las provincias petroleras también somos accionistas de YPF, y que solo se puede embargar lo que pertenece al demandado, en este caso, el Estado nacional”, explicó Torres.
El trasfondo del caso Eskenazi
En 2007, el Grupo Petersen adquirió el 25% de YPF financiado con los dividendos futuros de la propia compañía. Tras la expropiación del 51% de la petrolera en 2012, el grupo cedió sus derechos de litigio al fondo Burford Capital, que en 2015 demandó a la Argentina en Nueva York alegando incumplimiento del Estatuto de YPF.
En 2023, la jueza Preska responsabilizó al Estado argentino y lo condenó a pagar US$ 16.100 millones, aunque eximió a la compañía. En junio de 2025, ordenó además la entrega del 51% de las acciones de YPF, medida que luego fue suspendida de manera preventiva por la Corte de Apelaciones.
