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Tras la Audiencia Pública de PSJ Cobre Mendocino, qué falta para comenzar la explotación de la mina

Faltan algunas instancias de oradores para concluir el debate público. La declaración de Impacto Ambiental será presentada en la Legislatura de Mendoza

Luego de pasar por la prueba de fuego con el primer día de la Audiencia Pública por PSJ Cobre Mendocino, continuarán los oradores que darán sus consideraciones sobre la explotación de cobre en la provincia, como la iniciativa más avanzada, entre los proyectos que se activaron en la gestión de Alfredo Cornejo. Entre ellos, los que se realizan en el Distrito Minero Occidental, en Malargüe.

Este sábado se presentaron ante la comunidad de Uspallata, los aspectos técnicos del circuito de la explotación de la mina de cobre y el impacto económico con la generación de unos 7.000 puestos de trabajo en todo el proceso de la mina.

Primer día de la Audiencia Pública en Uspallata para analizar el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Una vez concluida esta etapa central de discusión del proyecto, que tiene una inversión de 62 millones de dólares y una proyección de más de 500 millones– la autoridad ambiental presentará la Declaración de Impacto Ambiental final a la Legislatura de la provincia de Mendoza.

Conforme lo establece la Ley 7722, todos los informes ambientales, técnicos y sociales se concentran en la Declaración de Impacto Ambiental que será analizada por los legisladores mendocinos.

Antes del aval político que necesita el proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el visto bueno de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) que le otorgó su ratificación técnica y ambiental al proyecto PSJ Cobre Mendocino. Fue como corolario de un trabajo interdisciplinario y participativo.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino.

La decisión se formalizó en un Informe Final Único, que tiene revisión exhaustiva del informe de impacto ambiental presentado por la empresa proponente, los aportes de más de veinte organismos técnicos y sectoriales, las observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública y las normativas ambientales que deberán aplicarse en cada etapa del proyecto —construcción, operación y cierre— para garantizar la protección del entorno natural, los recursos hídricos, la biodiversidad y el patrimonio cultural.