Salta es una de las provincias mineras que fijó reglas con inversores para garantizar la licencia social. La palabra del presidente de CAPEMISA, Fernando Russo
La priorización de los competidores locales en las grandes licitaciones para los proyectos mineros es uno de los temas fundamentales para el desarrollo de las comunidades donde se explotan los minerales. Por estos días hubo una gran polémica en San Juan, por la aparición de camionetas de empresas chilenas de las que se sospechó que estaban prestando servicios, en desigual competencia con los empresarios de esa provincia.
Mientras en San Juan se discute una ley que garantice un cupo de contratación, en Salta, el Gobierno y la Cámara de Empresa de Servicios Mineros (CAPEMISA), en conjunto con la minera Río Tinto, definieron en un convenio las reglas para garantizar la participación de los locales en estos mega proyectos. Río Tinto ingresó en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Es el primero avalado para la explotación de litio.
El presidente de CAPEMISA, Fernando Russo, brindó una entrevista a Comunicaciones Mineras sobre los detalles de este acuerdo que sienta precedentes para el resto de las provincias mineras.
Una competencia leal
“Fue un proceso de mucho diálogo y gestión institucional. Desde CAPEMISA venimos trabajando desde que asumimos para que los proveedores locales tengan acceso real a las oportunidades que genera la minería. En este caso, logramos articular con el Gobierno de Salta y con la empresa Rio Tinto un convenio que es un verdadero hito“, indicó Russo.
Y explicó que lo definió de esta manera “porque establece mecanismos concretos: compartir planes de contratación, dar información anticipada de licitaciones y brindar devoluciones a los proveedores. Esto no es solo abrir puertas, sino generar reglas claras para que las empresas salteñas compitan en igualdad de condiciones. Estamos convencidos de que el camino es institucionalizar estos compromisos y hacerlos cumplir en beneficio del desarrollo local”.
Salta es una provincia con numerosos proyectos en explotación de cobre y litio, fundamentalmente, y cuenta con una normativa para priorizar el compre local.
En ese sentido, Russo recalcó: “Trabajamos para que se cumpla efectivamente. Muchas veces nos encontramos con maniobras o interpretaciones que terminan desvirtuando el espíritu de la ley, y eso genera frustración en los proveedores y en la comunidad. Creemos que lo que está en juego es la licencia social: la aceptación de los proyectos por parte de la sociedad se construye cuando se ve que la minería trae empleo, oportunidades y desarrollo para la provincia”.
Por eso, Russo hizo hincapié en que “las cámaras tenemos un rol fundamental, porque somos el puente entre las empresas mineras, el Gobierno y la comunidad. Si no se respeta la participación de los proveedores locales, corremos el riesgo de retroceder”.
El reclamo por las retenciones al litio
Recientemente el gobierno nacional eximió del pago de retenciones a minerales como el cobre, pero no contempló al litio.
Los empresarios mineros sostienen que es fundamental incluirlo para el impulso de las inversiones.
“Desde CAPEMISA apoyamos todo lo que signifique dar competitividad a la industria, porque entendemos que si los proyectos crecen, también lo hace la cadena de proveedores. Hay gestiones de las provincias mineras y del propio sector privado para plantear que el litio tenga un tratamiento diferencial en cuanto a retenciones, porque es un recurso estratégico para la transición energética global”, sostuvo.
Y completó: “En Salta hay diálogo constante con el gobierno, y nuestra posición es clara: necesitamos un esquema que incentive las inversiones, pero al mismo tiempo garantice que esos beneficios se traduzcan en empleo y desarrollo local”.
Los puntos centrales del convenio
La Secretaría de Minería y Energía de Salta firmó un convenio con CAPEMISA para fortalecer el Registro Provincial de Proveedores Locales y garantizar mayor transparencia en las contrataciones. El acuerdo prevé intercambio de información, observaciones de la cámara y un control más estricto para evitar inscripciones sin radicación o capacidad real.
Además, se rubricó un Convenio Marco con Rincón Mining (Rio Tinto) que establece un plan progresivo de contratación de bienes, servicios y empleo local, con difusión anticipada de las oportunidades para favorecer la participación de proveedores salteños.
El proyecto Rincón tiene otra novedad y es que recientemente se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y el proyecto avanza para su realización en 2026. Tendrá una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
En paralelo, la Secretaría puso en marcha un Sistema Informático de Fiscalización de Proveedores en mina, que cruza en tiempo real la nómina de contratistas con el Registro Provincial, asegurando que la participación cumpla con los criterios de formalidad y priorización local.
Con estas medidas —convenios, registro fortalecido y fiscalización digital—, el gobierno busca potenciar la competitividad de las pymes salteñas, transparentar procesos y asegurar que la minería se traduzca en desarrollo económico y empleo y de esa manera cuidar la licencia social de los proyectos.
